Autoridades económicas apoyan control más estricto a fundaciones
El Director de la UAFE asegura que se necesita reforzar el control. La Súper de Economía Popular y Solidaria plantea supervisión diferenciada.
En la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se analiza el Proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales.
La iniciativa fue enviada con el carácter urgente en materia económica, por el presidente de la República, Daniel Noboa. No obstante, se ha bautizado al proyecto como Ley de Transparencia Social.
El proyecto busca establecer el marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales.
También busca la promoción de la integridad, la transparencia financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario por parte de personas naturales y jurídicas.
“Con especial atención a las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y demás entidades sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, que operen en el territorio nacional”.
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Transparencia y prevención de delitos financieros
En el marco del análisis del proyecto, la Comisión recibió a Julio Neira, director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La cita fue el 5 de agosto de 2025.
También acudió Freddy Monge, intendente general técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), quien conjuntamente con Neira respaldaron el proyecto y destacaron su relevancia para fortalecer la transparencia financiera del país.
"Hay un dato alarmante: durante 2025 se registraron 600 millones de dólares en operaciones inusuales relacionadas con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro". Carolina Jaramillo. Portavoz de Carondelet.
Julio Neira subrayó que la normativa busca reforzar los mecanismos de control sobre fundaciones, especialmente aquellas que manejan recursos provenientes del exterior o a través de intermediarios.
Alertó sobre los riesgos regionales e internacionales de que estas estructuras sean utilizadas para actividades ilícitas como lavado de activos, desvío de fondos o financiamiento del crimen organizado.
“El proyecto propone medidas esenciales como el registro financiero obligatorio, la notificación de operaciones inusuales y una articulación más efectiva entre entidades de control”, explicó Neira.
Además, aseguró que la UAFE respalda firmemente la iniciativa, la cual –dijo– no criminaliza la labor de las organizaciones legítimas, sino que promueve la integridad institucional.
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Supervisión diferenciada y ordenamiento del sector
Freddy Monge calificó al proyecto como un paso clave hacia la consolidación de un sistema regulatorio más sólido, inclusivo y transparente.
El funcionario reconoció que actualmente muchas fundaciones operan sin un marco común de supervisión, lo que afecta la confianza ciudadana y dificulta el control.
Monge señaló que la ley permitirá establecer competencias claras entre los entes de control, definir estándares mínimos de gobernanza y rendición de cuentas, y garantizar estabilidad jurídica a las organizaciones.
Actualmente la SEPS controla a 398 instituciones financieras, 1.000 cajas de ahorro y 17.000 organizaciones de la economía popular y solidaria. A estas entidades se sumarían más de 70.000 organizaciones sociales.
En ese contexto, añadió que la supervisión deberá ser proporcional al tamaño y alcance de cada fundación, lo que significa requisitos diferenciados para pequeñas organizaciones comunitarias frente a aquellas que manejan mayores montos o recursos internacionales.
El Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS) registró 71.786 organizaciones sociales en Ecuador, hasta enero de 2024.
Uso de tecnología e inteligencia artificial
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, destacó el desafío de supervisar a las más de 70.000 organizaciones sociales sin fines de lucro registradas en el país.
“Con voluntad política y el uso de inteligencia artificial, es posible identificar flujos de capital sospechosos utilizados para actividades ilegales, como el financiamiento del crimen organizado y la minería ilegal”.
Centeno reafirmó que el objetivo del proyecto es simplificar procesos, ofrecer seguridad jurídica y garantizar que los recursos que circulan en el país tengan un origen legal y transparente.
No obstante, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Liliana Durán, cuestionó el alcance del proyecto. Considera que "se intenta imponer control político sobre las organizaciones sociales, criminalizar la participación ciudadana y dar herramientas al Gobierno para perseguir a quienes disciernen".
Para este 6 de agosto de 2025, a las 16:00, está prevista la comparecencia de Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas, y de Damián Larco, director general del Servicio de Rentas Internas (SRI).
